Congreso CDMX responsable de la violencia política contra las mujeres en periodo electoral 2021

Por: Gloria Ivette López

Para leer el ejemplar completo: https://issuu.com/home/published/revista_las_libres_no_1

La falta de interés para la aprobación de Ley de Violencia Política de Género, no sólo es un retroceso sino un atentado contra la participación política paritaria de las mujeres.

El Congreso de la Ciudad de México ha dejado en evidencia contadas ocasiones que las mujeres no son prioridad dentro de su agenda legislativa, pues hasta marzo de este año existían al menos 69 iniciativas rezagadas en materia de igualdad de género.

De septiembre del 2019 a febrero del 2020, se turnaron 22 proyectos de iniciativas, de ellas 18 están en lista de espera, y sólo cuatro culminaron el proceso de dictaminación, de acuerdo con información de la Comisión de Igualdad de Género, es decir, la agenda legislativa cuenta con un marco normativo con poca perspectiva y paridad de género.

Un gran ejemplo es que el pasado 31 de mayo se venció el plazo para que el Congreso capitalino armonizara sus legislaciones en las que contemplaba incorporar reformas relativas a la prevención y erradicación de la Violencia Política en razón de Género, sin embargo, el grupo mayoritario de este órgano legislativo privó a las mujeres de esta normatividad, dejándolas nuevamente en estado de vulnerabilidad para el próximo periodo electoral 2021.

El dictamen se debía aprobar en Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Asuntos Político Electorales, pero no logró el quórum necesario luego de que 12 legisladores de seis partidos no asistieron a la reunión presencial, tres de ellos argumentaron que tenían posibles síntomas de Covid-19 y otros simplemente no se presentaron.

Esta iniciativa era una de las mayores demandas de las mujeres que ejercen actividades de carácter político o que llevan toda su vida participando en la política, por lo que no sólo se les defraudó, sino que corren el riesgo de volver a sufrir violencia en la próxima contienda electoral.

En las elecciones de 2018 se evidenció que aunque las mujeres pueden participar y contender por un cargo de elección popular, son foco de cuestionamientos y se enfrentaron a una serie de críticas, humillaciones, limitaciones y estereotipos de cómo debe ser o no una mujer dentro y fuera de la esfera pública.

La violencia política de género fue parte de las estrategias de campaña de varios candidatos, pero los casos más sonados fueron el de la gubernatura de Puebla, en donde la candidata fue cuestionada a través de un spot sobre su conocimiento de política y calificada de forma peyorativa, mientras que la candidata para la Alcaldía de Coyoacán, fue víctima de diversos ataques por ser actriz, y se utilizó su imagen y su cuerpo para desprestigiarla.

Además, otro de los recursos más utilizados para violentar a las mujeres candidatas es a través de los discursos de odio que limitan y dañan el ejercicio de sus derechos políticos-electorales, generan estereotipos, estigmas y prejuicios socioculturales que provocan la desvalorización y exclusión de las mujeres, utilizando imágenes o información privada para desprestigiarlas.

De acuerdo con un Informe Anual de Actividades, la FEPADE reportó que durante el proceso electoral 2017-2018, se abrieron seis carpetas de investigación por violencia política de género y 41 números de atención, sin embargo, en ninguno de los casos se ha logrado una resolución a favor de las víctimas.

Pues uno de los principales impedimentos que se enfrenta para la investigación de este tipo de agresiones, es que no están tipificadas en la legislación mexicana, por lo que complica su procesamiento en el sistema de justicia, por ello la importancia de que el Congreso capitalino aprobara esta Ley que protegería y erradicaría la violencia política en contra de las mujeres.

Es decir, de nueva cuenta le toca a las mujeres esperar para poder gozar de sus derechos político-electorales de manera segura, ya que al no haber hecho las reformas sobre violencia política 90 días antes del inicio del proceso electoral, como lo establece el artículo 105 de la Constitución federal, las que se hagan a partir de junio ya no serán vigentes sino hasta el proceso electoral de 2024.

La existencia del rezago en la dictaminación de instrumentos que protejan a las mujeres, y la falta de interés para la aprobación de una Ley tan importante que pudo colocar a la vanguardia al Congreso de la Ciudad de México en materia electoral, no sólo es un retroceso sino un atentado contra la participación política paritaria de las mujeres.